El patrocinio de particulares dentro de un procedimiento administrativo o un proceso jurisdiccional en el que la contraparte es el Estado requiere de un conocimiento específico de las normas procesales inherentes a la sede administrativa y de las diferentes instituciones que contienen los procesos jurisdiccionales contencioso-administrativos.

Esta rama del Derecho busca -esencialmente- la protección de los administrados frente a las actuaciones de la Administración Pública para mantener la eficacia del Derecho Administrativo en su conjunto. Su estudio, podrá determinar que los actos administrativos que vulneran los derechos del administrado son susceptibles de impugnación a través de recursos administrativos de carácter no jurisdiccional y alternativamente, por acciones judiciales.